Aznalcóllar: La legalidad de la adjudicación

Artículo de Pablo Martínez Ramírez el 15-5-2015

Un informe jurídico de la Junta de Andalucía, avala la legalidad de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla). Los propios funcionarios y técnicos de la administración andaluza rebaten también las cuestiones técnicas que cuestiona la jueza en los datos proporcionados.  El Gabinete Jurídico de la Consejería de Economía respalda, en un informe, la legalidad del concurso público que ha adjudicado la explotación de la Mina de Aznalcóllar a la unión de empresas Minorbis-Grupo México.

De esta forma rebate los argumentos que empleó la jueza de Sevilla, Patricia Fernández, en el auto donde dijo que el concurso carecía “del más mínimo rigor” y estaba plagado de “irregularidades”. Este documento ha sido elaborado una vez conocido ese auto y con la información que ha puesto a disposición de los abogados de la Mesa de contratación.

Los letrados explican las normas por las que se rige el concurso minero y las forma seguida para la adjudicación de la explotación minera está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de contratos. De ahí, que no quepa suspender la tramitación del expediente cuando la empresa perdedora, Emérita Resources España, anunció que presentaba un recurso.

Cuando se está en un procedimiento minero, dicen, no existe el recurso especial. A lo que añaden que Emérita sólo lo anunció y “de haberlo interpuesto se tendría que haber inadmitido”. Por lo que el informe asegura que no cabe exigir al Grupo México, una de las empresas que forma parte del grupo ganador, el informe de la oficina consular que acredite que puede contratar con el sector público español porque quien interviene como licitador es Minorbis, con su sede en Sevilla.

El documento también concluye que la mesa consideró acreditada la solvencia del grupo ganador con la documentación que se presentó. La asesoría jurídica considera que a la vista de la información puesta a disposición de la mesa de contratación “su actuación, desde un punto de vista jurídico, se ajusta a Derecho”.

Por otro lado, en otro informe interno, los funcionarios explican que el concurso daba la posibilidad de sustituir el seguro de indemnización por riesgos “por las declaraciones apropiadas de entidades financieras”.

Minorbis optó por lo segundo. Ese informe argumenta que en lugar de presentar las cuentas anuales del Registro Mercantil los ganadores aportaron los libros de contabilidad debidamente legalizados, porque existía esta posibilidad.

En un auto dictado el pasado día 7, la magistrada Patricia Fernández pone de manifiesto que el consorcio formado por Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México no cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento.

Y, a pesar de eso, la Junta le otorgó el 16 de marzo los derechos de explotación de la mina por un periodo de 30 años.

Los técnicos insisten en que en ningún caso se alteraron las valoraciones obtenidas por el Plan de Investigación. El presupuesto de inversión mínimo por cuadrícula minera será de 15.800 euros, recogían las bases del concurso. Y añadían que deberá definirse en la propuesta el número de cuadrículas sobre las que se va a realizar la inversión.

No comparten tampoco los funcionarios que haya incongruencias en la valoración del proyecto de explotación. “La comisión técnica se reafirma en las conclusiones y mantiene que el proyecto de investigación, el de explotación y las soluciones de restauración del proyecto que ha logrado mayor puntuación es superior al otro”, dice este documento interno que rebate los argumentos empleados por la Policía y la jueza de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández.

Una juez asegura que la explotación se concedió ‘sin el más mínimo rigor’, y Susana Díaz paralizó inmediatamente la adjudicación de la mina tras estallar el “caso Aznalcóllar”. “Pues cuando una juez tiene serias sospechas, debe esclarecerse el procedimiento”, asegura.

Mientras, la Consejería de Economía defiende “la legalidad y la transparencia” del proceso. Es muy curioso que el “caso Aznalcóllar” ha estallado en plenas negociaciones para lograr su investidura.

Susana Díaz ha intentado dejar claro que todo el procedimiento de concesión “ha contado con la presencia de la Intervención de la Junta y de los servicios jurídicos”, porque “siempre se ha buscado la máxima de transparencia, tanto en este proceso como en otros que tenga la Junta”. Con todo, los argumentos que pueda tener la juez en periodo electora.

Mientras tanto, la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo ha defendido la “legalidad y transparencia” del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar y ha asegurado que el procedimiento “se ha adecuado a la legislación estatal y autonómica”.

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