Información de Daniel Toledo en El Confidencial de 16/10/2013

Las empresas estadounidenses han puesto pie en pared frente a la deriva independentista catalana. Y lanzaron ayer un aviso a navegantes. “Hay una creciente preocupación que podría llevar a una deslocalización masiva de sedes de trabajo e inversión”, exponía sin ambages el presidente de la Cámara de Comercio Americana en España (AmChamSpain), Jaime Malet, al referirse a la situación política en la comunidad autónoma. Las empresas de EEUU prevén una fuga masiva si Cataluña logra la independencia

La advertencia no es baladí. Las multinacionales asociadas a esa institución –en torno a 350 empresas– emplean a un millón de personas en España y facturan el equivalente al 24% del PIB.

 “No es sólo el hecho de que muchas empresas están aquí por un mercado de 47 millones y no de siete, sino también la segura inestabilidad política y económica que se prevé en los próximos años”, explicó el presidente de la Cámara. Y dio cifras para mover a la reflexión a las autoridades catalanas. “Desde 2005 hasta junio de 2013, la inversión bruta, sin entidades financieras, fue de 23.938 millones de euros en Cataluña. En el mismo periodo, en Madrid, 97.253 millones. La inversión en Madrid superó en cuatro veces la inversión en Cataluña. Esto tendría que preocupar un poco”, expuso.

¿Una brecha justificable por la capitalidad? “Esto no pasa en Italia, donde Roma no tiene la misma inversión que Milán, y no pasa en estados de EEUU. En Texas, no va más inversión a Austin que a Houston o Dallas”, justificó el ejecutivo en una entrevista mantenida con Catalunya Ràdio. “El dinero es cobarde y no quiere estar en lugares donde hay inestabilidad. Aparte, estas empresas prefieren que no haya fronteras porque los mercados grandes son su objetivo. No renunciarán a un mercado de siete millones, pero una cosa es fabricar, crear ocupación y hacer investigación, y otra cosa es vender”, remachó en toda una declaración de intenciones.

Las palabras de Malet se producen después de que José Manuel Lara, dueño de Planeta y uno de los principales empresarios catalanes, glosara el pasado lunes los males que afronta Cataluña por la situación política actual. “No nos conviene”, puntualizó, tras asegurar que la independencia es imposible. Pese a ello, dejó claro que “nadie nos ahorra un fraccionamiento de la sociedad civil catalana y eso es responsabilidad tanto de uno como de otro”, en clara referencia a  Mas y Rajoy. El magnate de los medios ya amenazó en el pasado con dejar él mismo la comunidad si el plan independentista sale adelante.

La invisible ‘marca Cataluña’: El presidente de la Cámara quiso igualmente dar un baño de a la realidad a los esfuerzos de los últimos Gobiernos catalanes por incrementar su presencia exterior, embajadas incluidas. Y subrayó que la marca Cataluña no está peor vista por el último empeño nacionalista porque, directamente, no existe el concepto. “Fuera es muy difícil diferenciar la marca Cataluña de la marca España. No se ha deteriorado porque no es suficientemente conocida desde el punto de vista de las élites económicas y políticas. Este tema no está en la agenda. Hay muchos problemas en el mundo, en las grandes economías. Nadie habla de esto. He estado en Wall Street, en las reuniones del Fondo Monetario Internacional y nadie me ha hablado de Cataluña. ¿Hay alarma? Es que no se habla”, despachó Malet con rotundidad.

Los socios de la Cámara facturan en España 248.000 millones y forman parte de su Junta Directiva representantes de firmas como Morgan Stanley, General Electric, Citigroup, Bank of America-Merrill Lynch, Pfizer, IBM, Microsoft o 3M, además de las 35 grandes empresas del Ibex e incluso pymes. Su presidente de honor es siempre el embajador norteamericano en España y sus puntos de vista coinciden en buena medida con los de la Administración en Washington, de la que la Cámara es punta de lanza en el extranjero. No es la primera advertencia que lanzan sobre las deficiencias del modelo autonómico.

Como publicó El Confidencial, Malet recibió al Gobierno Rajoy con una misiva en la que denunciaba la falta de fiabilidad del marco regulatorio y se quejaba de la maraña normativa que afrontaban las empresas entre leyes estatales y autonómicas. También ponía en el foco la morosidad en las autonomías. “En algunos sectores, como el de las tecnologías sanitarias, el plazo medio de cobro es de 421 días y en los medicamentos es incluso más dilatado, con comunidades autónomas que demoran sus pagos más allá de los 48 meses”, subrayaba la carta. A la vista de las declaraciones hechas ayer por el máximo representante de los empresarios americanos, los problemas están lejos de resolverse.

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