Socialismo y catalanismo, ¿fin de trayecto?

“No cuesta encontrar semejanzas entre la movilización de la Diada y otras exaltaciones nacionalistas de masas organizadas para apuntalar regímenes en declive, como las concentraciones del último franquismo en la Plaza de Oriente o la crepuscular marcha gaullista tras las jornadas de Mayo de 1968. Los objetivos, salvadas las diferentes circunstancias históricas, son parecidos: impresionar a los de fuera, amedrentar a los díscolos de dentro y confortar a los adictos a un poder que se sabe frágil.”

Juan Antonio Cordero (*) en Letra Internacional nº 116   “Ser revolucionario no consiste en el temperamento, consiste en ir al fondo de los problemas y desentrañarlos y, cuando hay que producir un cambio total, producirlo.” —Julián Besteiro

Probablemente, la fecha del 11 de septiembre de 2012 quedará registrada como un punto de inflexión en la historia del catalanismo. La multitudinaria manifestación que recorrió Barcelona con motivo de la Diada se convirtió en la mayor exhibición de fuerza independentista registrada en Cataluña desde el restablecimiento de la democracia. Supuso también la escenificación de un nuevo equilibrio de fuerzas en el seno del catalanismo orgánico, que se marca abiertamente la secesión como elemento central de su proyecto político y hace de la polarización social y la ruptura en los hilos conductores de su estrategia.

La ruptura que se reclama es la de Cataluña con el resto de España. Pero junto a esta, se alienta otra, la de unidad civil en la sociedad catalana, en la creencia de que ello permitirá preservar la hegemonía de las élites catalanistas sobre Cataluña. Una hegemonía cada vez más amenazada desde dentro, por una grave crisis económica que hace estragos entre las clases populares y medias y que alimenta el creciente descontento social hacia las élites, y desde fuera, por una conciencia cada vez más aguda en España de las disfunciones y los ángulos muertos del modelo autonómico vigente y por las presiones exteriores (europeas) en favor de una racionalización del Estado.

La radicalización y el repliegue identitario que evidenció la Diada constituyen la respuesta del establishment catalán a los riesgos que se ciernen contra su propia hegemonía. Una radicalización de las élites sociales, políticas y culturales del nacionalismo –y con ellas, de buena parte de la sociedad catalana—que en los últimos meses se ha convertido en uno de los elementos clave de la grave situación política española, y de la que se impone extraer conclusiones a varios niveles. No sólo porque esta radicalización, que traduce una crisis estructural en el seno del catalanismo, supone un factor de inestabilidad y desintegración social añadida en un contexto ya afectado por la confluencia de las múltiples crisis que atraviesan España; sino porque la mutación independentista del catalanismo orgánico afecta de lleno, y obliga por tanto a revisar con detenimiento, las relaciones y alianzas que se han tejido con el catalanismo en las últimas décadas, que en buena parte han estructurado la vida política nacional desde el restablecimiento de la democracia. Desde luego, en la propia construcción del Estado constitucional y autonómico, del que el catalanismo fue una de las tres grandes fuerzas fundadoras. Pero también –y éste es el objeto último del artículo—, en la articulación política de la izquierda en Cataluña, dominada desde 1977 por la alianza entre el socialismo español y el catalanismo “progresista” y su reunión en el Partit dels Socialistes de Catalunya.

I. Radicalización nacionalista y crisis del catalanismo orgánico

Tanto la influencia nacionalista en el diseño y despliegue del Estado autonómico como la alianza entre la izquierda española y la fracción socialmente más avanzada del catalanismo político responden a un contexto histórico en el que el catalanismo, tanto de derechas como de izquierdas, disponía de una considerable legitimidad política, derivada de su (mayoritaria) oposición al franquismo, el legado reformista y moderado de su mejor tradición histórica y su clara orientación democrática y pro-europea. Esa legitimidad explica, en parte, que el proyecto social, político y cultural del catalanismo de la transición (1) fuera asumido como propio por la práctica totalidad de fuerzas democráticas y de izquierdas de toda España.

Cuarenta años después, el perfil del catalanismo político ha cambiado sustancialmente. Ha perdido gradualmente su carácter progresista: hace tiempo que dejó de ser un motor de modernización y europeización de España. El despliegue constitucional y autonómico ha permitido a sus élites institucionalizarse, copar los nuevos centros de poder autonómicos y locales y asentar a través de éstos su hegemonía social, mediática y cultural en Cataluña. Pero este nuevo monopolio institucional no se ha traducido en mejoras apreciables de la calidad democrática, ni en Cataluña ni en el resto de España. Tras una época de aparente estabilidad, que coincidió con el desarrollo de los Estatutos y el aparato autonómico en todo el país, el nacionalismo ha agudizado sus perfiles más regresivos y más excluyentes, a medida que el factor identitario se afirmaba como eje central de la política catalana. El catalanismo orgánico se ha convertido así en un factor más de degradación de la ya bastante disfuncional democracia española –y, muy en particular, de la cada vez más enrarecida democracia catalana.

Varios síntomas ilustran este agarrotamiento del que fuera uno de los agentes más dinámicos de la transición española. En Cataluña, la separación entre los incluidos y los excluidos del perímetro catalanista, cada vez más asentada en el paisaje político catalán, actúa como un eficaz inhibidor del debate político, dificulta sobremanera la asunción de responsabilidades (accountability) por parte de unos responsables públicos que son también los líderes de la fracción catalanista dominante, y acaba imposibilitando una deliberación democrática plena y de calidad. Pero además, a medida que el proyecto nacionalista se radicaliza, choca con mayor frecuencia con la red de mecanismos de equilibrio institucional, dispersión de poderes (checks and balances) e imperio de la ley que en cualquier democracia avanzada garantizan la protección de los derechos y las libertades individuales frente a la arbitrariedad pública o privada: la tramitación del Estatuto ha ofrecido numerosos ejemplos al respecto. Estos mecanismos son históricamente frágiles en España, pero su consolidación se ve obstaculizada por un nacionalismo que, por su propia naturaleza hegemónica, tiende a considerar la democracia como un mero “rapport de force” en el que la pluralidad cívica (institucional, identitaria) se tolera mientras no se puede erradicar.

Esta evolución es particularmente llamativa en la retórica: el discurso dialogante, moderado y declaradamente integrados de la transición ha dado paso a otro agresivo y exaltado, deliberadamente simplista. La palabra del catalanismo orgánico se sitúa así en algún punto entre las formas desabridas del caudillismo latinoamericano y la vidriosa demagogia de la derecha xenófoba y populista que avanza en toda Europa. Muy lejos, en cualquiera de los casos, de la templada y seria socialdemocracia nórdica que gustaba de evocar Jordi Pujol a finales de los años setenta.

Existen varias causas para esta deriva. Por un lado, los perfiles más atractivos y más aglutinadores del catalanismo de la transición, los más susceptibles de generar simpatías y adhesiones más allá de su estricto perímetro ideológico, han pasado a formar parte de la cultura política común y han perdido, por tanto, eficacia como marcadores específicos del proyecto catalanista: se han diluido en el consenso social catalán y en una España que, pese a las severas convulsiones que experimenta en la actualidad, ha superado buena parte de sus atrasos seculares y realizado buena parte del programa regeneracionista de los sectores más avanzados de la intelectualidad española (incluida la catalanista) del siglo XIX. Ello está dando un protagonismo cada vez mayor –que parece irreversible—a los perfiles más reaccionarios, identitarios y excluyentes del imaginario catalanista. Por otro, la larga hegemonía catalanista en las instituciones catalanas, aunque ha aumentado de manera considerable su potencia coactiva, persuasiva y propagandística sobre la sociedad catalana, también ha producido un cierto desgaste que se acentúa a la vista del discutible balance –en términos de calidad cívico-democrática (2), tolerancia y apertura cultural, pero también de potencia económica e influencia intelectual—de su acción de gobierno en las últimas décadas.

A falta de un balance satisfactorio de su ya larga experiencia gubernamental, y a falta también de un arraigo popular suficientemente sólido del catalanismo y sus instituciones en el conjunto de la sociedad catalana (3), las élites nacionalistas parecen haber fiado sus posibilidades de reproducción a una dinámica de tensión sostenida en dos pilares. Por un lado, la radicalización de sus propias bases, mediante una intervención cada vez más agresiva de los medios de comunicación y los aparatos ideológicos a su alcance (públicos y privados). Por otro, la intimidación y el hostigamiento cada vez más explícitos de los sectores no nacionalistas o simplemente discrepantes con la deriva identitaria de la política catalana. El consiguiente enrarecimiento de la convivencia entre las distintas sensibilidades políticas y el aumento de la polarización social en Cataluña, que parece ser el único escenario en que el catalanismo considera verosímil su propia supervivencia como clase hegemónica, amenazan con trasladar definitivamente a la calle el conflicto lingüístico e identitario que ha centrado el debate político catalán en las últimas décadas, pero que hasta la fecha había permanecido más o menos confinado entre los muros de la Cataluña institucional.

II. Las elecciones del 25-N y sus antecedentes

Es en esta clave de escisión inducida de la sociedad catalana en dos comunidades enfrentadas, que cabe examinar la dinámica soberanista que la Diada volvió explícita, y que durante semanas elevó las tensiones identitarias en el interior de la sociedad catalana hasta niveles insoportables. Tras las elecciones del 25-N, algunos analistas acariciaron la posibilidad de que el desafío soberanista y la subsiguiente degradación de la convivencia acabaran siendo tan sólo un paréntesis atribuible a los excesos de electoralismo y la delicada situación socioeconómica; una deriva truncada por los resultados electorales, tan sólo a la espera de una salida “honorable” para el nacionalismo antes de desaparecer de escena.

Es cierto que la voluntad expresada en las urnas, tan alejada de la “voluntat d’un poble” (4) invocada por Artur Mas durante la campaña, supuso un varapalo considerable en la estrategia nacionalista. Ésta esperaba que la confluencia de la crisis económica, la debilidad de las instituciones del Estado, el control casi soviético de los medios de comunicación, la escalada identitaria de los últimos años y la atmosfera de euforia independentista y repliegue o intimidación de los no nacionalistas a partir de la Diada permitiera a la coalición nacionalista dar el Gran Salto Adelante que prometían las encuestas. Sin embargo, el retroceso conjunto del catalanismo y el descalabro de CiU, todavía mayor si se compara con las expectativas que había estado alimentando toda la maquinaria mediática y demoscópica a su disposición (5), no dio lugar a ningún cambio de rumbo o de liderazgo en la nave nodriza del catalanismo político, ni tampoco en las del resto de la flota. Más bien ha confirmado electoralmente las dos tendencias que se observan en el nacionalismo catalán: el retroceso de su apoyo conjunto entre la ciudadanía, que ni siquiera la desmesurada agitación identitaria ha conseguido detener; y el desplazamiento de su centro de gravedad hacia posiciones más integristas. En coherencia con esta doble tendencia a la pérdida de centralidad y a la radicalización, CiU ha apostado tras las elecciones por una coalición con ERC, en lo que supone el primer frente exclusivamente nacionalista tras el restablecimiento de la democracia (6); y el PSC continúa instalado en una confusa dinámica de desdibujamiento como oposición y alternativa al nacionalismo, por un lado, y alejamiento y desvinculación con el conjunto del socialismo español, por otro.

El mantenimiento de ambas dinámicas en sus líneas maestras muestra hasta qué punto estamos no ante una fiebre extremista de carácter coyuntural, susceptible de remitir o de ser manejada por unos pocos dirigentes, sino ante una mutación estructural del catalanismo orgánico, sometido a un triple proceso de hiperinstitucionalización y enajenación con el conjunto de la sociedad catalana, reducción de su espectro social y electoral y, en consecuencia, repliegue político e identitario; que desborda incluso a los que lo han azuzado y gestionado. La fase pos-Diada refleja una aceleración de un proceso de radicalización que intenta dar respuesta, desde finales de los noventa, a los indicios de agotamiento del proyecto político del catalanismo, que se refleja en la erosión de los dos grandes pilares del sistema político catalán desde los años ochenta: el pujolismo convergente y el Partit dels Socialistes de Raventós, Obiols y Nadal.

La reacción de la fracción dirigente del catalanismo orgánico ante esta erosión ha consistido invariablemente en ahondar la división entre “ellos” y “nosotros”, fomentar el conflicto y la confrontación –tanto con “Madrid”, en ocasiones con la nada desdeñable colaboración de amplios sectores de la derecha española, como con los sectores tibios o contrarios al integrismo identitario–, elevar el tono reivindicativo y plantear apuestas progresivamente más radicales, con las que mantener la iniciativa política en Cataluña, preservar en la medida de lo posible la movilización nacionalista y desalentar la vertebración de ejes políticos alternativos. En una palabra, induciendo en la sociedad catalana un estado de agitación identitaria permanente que congele la crisis y el declive del establishment dirigente. En esta lógica cabe interpretar la sucesión de horizontes de “construcción nacional” cada vez más agresivos y excluyentes, que ha seguido al estancamiento del turno catalanista (CiU y PSC) de los años noventa: desde la implementación de la inmersión lingüística obligatoria en 1994 hasta el actual proceso secesionista, pasando por las estaciones intermedias del nuevo Estatuto, cuyas discusiones se prolongaron hasta 2010, y la reivindicación del “pacto fiscal” con la que Convergencia i Unió regresó ese mismo año a la Generalitat. Las limitaciones de esta estrategia de huida hacia delante son hoy evidentes, cuando se constata que la dinámica soberanista desencadenada, lejos de compensar la decadencia de los principales partidos-pilares del catalanismo, ha puesto en marcha un proceso de recomposición del paisaje político catalán, y de la izquierda en concreto, de la que la desintegración del PSC y el retroceso y las crecientes tensiones internas en la antaño disciplinada coalición nacionalista CiU son síntomas elocuentes.

Vale la pena detenerse en el proceso de reforma estatutaria, tanto por lo dilatado de su gestación como por lo ilustrativo de su despliegue a la hora de describir las dinámicas internas del catalanismo. La idea de una reforma del Estatuto de 1979 surgió por primera vez a finales de los años noventa, de la mano de un nacionalismo conservador a la búsqueda de nuevos revulsivos con los que preservar una hegemonía pujolista ya en declive. Su incorporación efectiva al debate político, sin embargo, no se produjo hasta 2003, cuando constituyó el principal instrumento de Pasqual Maragall para alterar la correlación de fuerzas en el interior del catalanismo orgánico en favor de los partidos que conformarían el tripartito. La etapa tripartita, que suponía el acceso por primera vez de la izquierda institucional catalana al puente de mandos autonómico, se vio completamente absorbida por la escalada identitaria asociada a esta reforma. Una reforma del todo ajena a las prioridades políticas de los ciudadanos catalanes (7), pero que el “catalanisme de progrés” erigió en estandarte –en detrimento de un verdadero viraje a la izquierda, un cambio de rumbo realmente progresista y realmente integrador de un debate político catalán oxidado por veinte años de pujolismo—y acabó constituyendo su sepultura política.

El nuevo Estatuto no sirvió para ensanchar la base social ni del catalanismo ni de la autonomía catalana (8). Su compleja gestación dejó, eso sí, una situación política más crispada que nunca en el interior de la sociedad catalana, donde la contestación al nacionalismo (también en el seno de la izquierda, como muestra la emergencia de nuevas iniciativas cívicas, sociales y políticas) ha ido a más, en paralelo con la beligerancia y frustración de las bases catalanistas; y en el conjunto de España. El largo proceso estatutario y su naufragio final han agravado la huida hacia adelante del establishment nacionalista; y la conjunción de las tensiones engendradas con la crisis económica que sacude España desde hace unos años ha obligado después a acelerar las etapas siguientes. En parte, esa aceleración explica la rapidez con la que el “pacto fiscal” apareció en el debate público catalán, de la mano de Convergència i Unió, como sustitutivo del Estatuto tras su fracaso en el imaginario reivindicativo del nacionalismo, y también la rapidez con la que se vio superado por la siguiente –y obligada—etapa, la del separatismo explícito que emergió tras la Diada.

III. Cataluña tras la Diada

Desde algunos círculos se ha pretendido interpretar la dinámica de exclusión y polarización social abierta en la Diada como la expresión genuina de un movimiento social independentista (9). Pero los movimientos sociales se gestan, se convocan y se producen básicamente al margen del poder político, precisamente para oponerse a él, llamar su atención o exigirle un cambio de rumbo desde la ciudadanía. Son parte de la dinámica democrática porque constituyen un instrumento de la sociedad para hacerse oír ante el poder.

El planteamiento de la Diada fue radicalmente distinto: los partidos-pilares del nacionalismo explícito, con el concurso de todas las instituciones públicas, medios asociativos y mediáticos a su disposición, escenificaron un movimiento vertical de “buenos catalanes”, un cierre de filas con el que apuntalar la posición gubernamental en un momento en que la crisis y la mala gestión de la Generalitat amenazaban con debilitarla. No se pretendía presionar al poder desde la sociedad, sino de amedrentar a una parte de la sociedad –la no nacionalista, la más vulnerable y la más vulnerada en dos años de gobierno convergente, y por lo mismo la más susceptible también de reaccionar contra la lluvia de recortes impuestos por Mas y el entramado político y económico en que se apoya– desde el poder nacionalista. Se trataba, en fin, de visualizar un “momento unanimista” y de aclamación al líder que en una sociedad democrática sólo se puede conseguir silenciando la discrepancia.

No cuesta encontrar semejanzas entre la movilización de la Diada y otras exaltaciones nacionalistas de masas organizadas para apuntalar regímenes en declive, como las concentraciones del último franquismo en la Plaza de Oriente o la crepuscular marcha gaullista tras las jornadas de Mayo de 1968. Los objetivos, salvadas las diferentes circunstancias históricas, son parecidos: impresionar a los de fuera, amedrentar a los díscolos de dentro y confortar a los adictos a un poder que se sabe frágil.

La equiparación con la dinámica de los movimientos sociales resulta, por todo ello, infundada. Al menos, si se piensa en los movimientos sociales surgidos de la sociedad civil independiente para que el poder escuche o recapacite, como el conjunto de movilizaciones cívicas que en toda Europa protestan contra las draconianas medidas de austeridad y recortes aplicadas por gobiernos neoliberales como el de Mas. No se parecen en los métodos: el verticalismo soberanista contrasta poderosamente con la horizontalidad de los movimientos sociales autónomos. No se parecen en los propósitos: allí donde el nacionalismo busca la adhesión a una reivindicación definida de antemano, los movimientos sociales buscan construir instrumentos dinámicos para la participación de los ciudadanos en la acción pública. Y desde luego, no se asemejan en los horizontes: los movimientos sociales exploran una expansión del espacio democrático, abriéndolo a nuevas voces y problemáticas que no siempre son tomadas suficientemente en cuenta en los cauces institucionales. En su nueva fase independentista, el catalanismo orgánico actúa precisamente en sentido contrario, expulsando del espacio democrático a “extranjeros” y “traidores”, presionando en pro de la monopolización del debate público por parte de la dinámica identitaria y de confrontación que le es propia.

IV. Las resistencias internas a la deriva soberanista

Esta nueva fase de aceleración independentista, y sobre todo, su dinámica derivada de fractura civil de la sociedad catalana mediante la agitación de los afectos y la intimidación más o menos sutil de los desafectos, no ha sido asimilada de forma homogénea por todo el espectro ideológico y sociológico catalanista. En éste conviven una multiplicidad de fuerzas y tendencias con intereses y motivaciones complementarias y globalmente coherentes, pero que no siempre coinciden entre sí. La apuesta populista por la polarización social, la fractura interior y la escenificación secesionista puede resultar útil a corto plazo para una clase política nacionalista que debe enfrentarse simultáneamente, además de la propia esclerotización del catalanismo, a las consecuencias de la deficiente gestión de la Generalitat de las últimas décadas, al creciente malestar social y a la propia reordenación del sistema institucional y autonómico en España. Pero la inestabilidad asociada a una estrategia tan agresiva choca, por ejemplo, contra los intereses inmediatos de amplios sectores económicos y empresariales, de vocación “moderada” y conservadora, que tradicionalmente han constituido uno de los pilares del catalanismo orgánico, y más concretamente de la coalición nacionalista CiU. Las resistencias de estos sectores, habitualmente muy discretas, se han hecho algo más visibles tras las elecciones, cuando la formación del frente nacionalista entre CiU y ERC dejó claro que la agitación identitaria y la escalada de intoxicación y agresividad nacionalista posterior a la Diada se inscribía en una lógica de amplio alcance; y posiblemente estén en el origen de las tensiones y las crecientes contradicciones y dificultades internas en el seno de la coalición nacionalista conservadora.

No obstante, pese a ser importantes, parece poco probable que estas resistencias puedan corregir, por sí mismas, el rumbo que la fracción dirigente del catalanismo ha imprimido al conjunto de fuerzas políticas, económicas y sociales afines. Históricamente, ninguna fuerza ligada al catalanismo “moderado” ha querido o ha conseguido impedir, y aún menos revertir, ninguna de las fases de radicalización en que se ha visto inmerso el nacionalismo catalán, pese a que algunas de ellas han sido objetivamente nocivas para los intereses de amplios sectores económicos y empresariales cercanos al nacionalismo. La timidez, ambigüedad y tardanza de sus reacciones en el actual contexto no permiten presagiar cambios en esta actitud. A falta de un proyecto incluyente que oponer, el llamado catalanismo “moderado” parece situarse en una posición meramente subsidiaria y acomodaticia respecto a las fuerzas que hoy dirigen, o por lo menos gestionan, la radicalización del conjunto del catalanismo, y que arrastran en esta doble dinámica de radicalización y pérdida de centralidad social incluso a aquellos sectores más renuentes a sumarse. En este sentido, las discrepancias que se observan en algunos sectores del catalanismo, y que en algunos ámbitos son ciertamente relevantes, parecen responder más a inercias o meras resistencias al cambio que a desacuerdos positivos y susceptibles de engendrar una alternativa a la actual deriva. Como tales inercias, podrían acabar asimilándose en forma de ajustes “técnicos” o sectoriales (relativos a la famosa consulta, por ejemplo), sin alterar por ello las líneas maestras del horizonte de ruptura en el interior de la sociedad catalana, y de desconexión de ésta con el resto de España, que emerge como eje central del catalanismo orgánico.

V. El impacto de la deriva catalanista en el Partit dels Socialistes

La anterior descripción podría aplicarse, en lo fundamental, también al Partit dels Socialistes. Salvo en el breve momento de la alternancia, cuando Maragall arrebató a CiU el estandarte del “Nou Estatut” y las fuerzas del tripartito –en particular ERC y el ala más nacionalista del PSC, verdadero “intelectual colectivo” del Partit dels Socialistes—mantuvieron durante un primer tiempo la iniciativa, el PSC ha jugado un papel subsidiario en la evolución del catalanismo. Pese a haber sido durante buena parte de la época autonómica la fuerza política y social más fuerte y mejor situada de Cataluña, los socialistas catalanes han actuado siempre bajo la doble premisa de su integración en el perímetro del catalanismo y el reconocimiento implícito del liderazgo y la primacía ideológica del nacionalismo conservador en todas las grandes cuestiones “de país”.

El PSC suele presentarse como el partido garante de la “cohesión social” de Cataluña, el agente moderador de las veleidades más o menos excluyentes del nacionalismo conservador. En la práctica, sin embargo, su papel se ha reducido a ejercer una tenue discrepancia estéril (y, lo que es peor, frecuentemente esterilizante) de cada una de las sucesivas vueltas de tuerca identitarias impuestas por el nacionalismo conservador, que con el paso del tiempo se ha transformado casi invariablemente en una la asimilación acrítica y completa de la nueva medida. Así, el PSC pasó de protestar débilmente en defensa del derecho de los trabajadores castellanohablantes a que sus hijos recibieran educación (también) en castellano, cuando en 1994 resultó evidente que el nacionalismo conservador pretendía hacer de la inmersión obligatoria catalan-only uno de los pilares de su política de “construcción nacional” (10); a realizar ahora una “defensa absoluta” (11) de esa misma inmersión obligatoria desde el gobierno y desde la oposición. El mismo esquema se ha repetido para los demás elementos clave de la estrategia catalanista: sanciones lingüísticas, restricciones a la solidaridad interterritorial; reivindicación del carácter de “nación” para Cataluña; validación de la teoría del “expolio fiscal”, con su reclamación derivada de un “pacto fiscal” para que los impuestos catalanes se queden en Cataluña… los ejemplos son numerosos.

El seguidismo diferido del PSC respecto al nacionalismo hegemónico ha culminado, por el momento, en la asunción del llamado “derecho a decidir”, previa escenificación de una discrepancia de matiz; y a su aplicación práctica en las filas socialistas, con la ruptura –inédita en democracia– de la unidad de voto en el Congreso y su desolidarización definitiva, por tanto, de la familia de los socialistas españoles. Pese a ser la más espectacular, el voto del Congreso y la inclusión del “derecho a decidir” en el programa de Pere Navarro para las elecciones autonómicas de 2012 no han constituido más que la enésima muestra de dependencia del PSC –y no la de mayor relevancia política—respecto a la línea política que marca el nacionalismo dominante, y cuyos contornos de aceptabilidad son rápidamente difundidos a través de la tupida red de medios afines y “sociedad civil” afín al catalanismo orgánico. Una dependencia que se concreta en la adaptación sistemática de las prioridades políticas del PSC a los movimientos estratégicos que se producen en la fracción dominante del catalanismo, y que suelen materializarse en una suerte de “desplazamiento automático al punto medio”, es decir, a unas tomas de posición “intermedias” entre su posición anterior y la nueva impuesta por las instancias directoras del catalanismo. Cabe preguntarse si esta inercia responde a una incapacidad por parte del referente de los socialistas en Cataluña para desarrollar y mantener una línea política autónoma; o si, por el contrario, esta línea política existe, pero no es en realidad más que una declinación socialmente más amable –e identitariamente más difusa—de la línea dominante en el catalanismo orgánico, hoy ya definitivamente inmersa en una dinámica de radicalización y ruptura social. Independientemente de cuál sea la causa de este seguidismo, es fácil constatar cuáles están siendo las consecuencias: un declive electoral prolongado, que se remonta a antes de la llegada de Pasqual Maragall a la Generalitat y se ha agravado espectacularmente a partir del segundo tripartito (12). Un declive que amenaza con convertir al PSC, antaño la primera fuerza política de Cataluña, en un partido irrelevante, inmerso en un triple proceso de enajenación de su base sociológica y electoral, desvinculación con su familia política a nivel nacional y creciente satelización por parte del nacionalismo orgánico.

VI. La responsabilidad de la izquierda socialista

El socialismo español no puede permanecer ajeno ni indiferente ante estas convulsiones. Tampoco puede abordar las dificultades de su espacio político en Cataluña desde una perspectiva exclusivamente orgánica. El descalabro electoral del PSC, posiblemente irremediable; sus divergencias cada vez mayores con el PSOE, su creciente inaudibilidad en la política catalana y su confusión y división interna sobre el grado de alineamiento con el nacionalismo soberanista son indicativos de un fenómeno que desborda las fronteras estrictamente partidarias: la mutación secesionista del catalanismo orgánico y su escalada populista, excluyente y regresiva, han acabado arrasando el espacio político y social en el que tenía sentido el PSC, y ha vuelto definitivamente insostenible y políticamente aberrante la alianza política, en el sentido extenso del término, entre socialismo y catalanismo. Una alianza que dio densidad y consistencia al Partit dels Socialistes de Catalunya, además de marcar el rumbo de la política catalana –y por extensión, española—desde la transición.

Ante la deriva reaccionaria del catalanismo orgánico, el conjunto del socialismo español tiene ante sí la responsabilidad de reconstruir el espacio progresista y el proyecto político de la izquierda universalista, reformista y transformadora en Cataluña. La radicalización del nacionalismo y el naufragio del PSC se han producido en paralelo a una recomposición de la izquierda marcada por la emergencia de nuevos sectores cívicos, políticos y sociales, críticos con la deriva identitaria de una izquierda institucional, política y sindical catalana completamente integrada en el catalanismo orgánico. Algunos de estos sectores proceden del PSC, de la UGT o de otras organizaciones progresistas; otros, en cambio, se han incorporado al debate público sin anteriores adscripciones partidarias. Ante el descrédito y la parálisis asociada a algunas siglas –como las del PSC—la reconstrucción del socialismo en Cataluña debería ofrecer un revulsivo con el que movilizar a los sectores progresistas de la región y articular con ellos una alternativa de izquierdas, y con vocación de mayoría social y no subordinada, que haga frente simultáneamente a la fractura social ocasionada por la crisis y las medidas de las distintas derechas en el poder, a la fractura identitaria y el incipiente deterioro de la conveniencia azuzados por el soberanismo y a la degradación de la calidad democrática causada por la hegemonía ininterrumpida de las élites catalanistas en los resortes del poder político, económico y mediático en Cataluña.

No es, desde luego, tarea fácil. Entre otras razones, porque el principal referente político del socialismo español, el PSOE, se encuentra inmerso a su vez en una crisis sin precedentes. Una crisis en la que se entremezclan las dificultades generales de la izquierda reformista en toda Europa (la crisis del Estado del Bienestar y el auge neoliberal, la fragilización de las instituciones democráticas y la cohesión social ligada a la globalización) con otros factores específicamente nacionales, orgánicos y coyunturales, algunos de los cuales no son ajenos a la alianza con el catalanismo, y más en general a la política de complacencia con los nacionalismos identitarios de todo el país. En efecto, el hundimiento del proyecto liderado por José Luis Rodríguez Zapatero, en el origen de las actuales dificultades del PSOE y, con él, de la izquierda reformista en España, fue también la derrota, ante la sociedad, ante la crisis y ante las urnas, de una izquierda light, de vaga inspiración blairista, que desplazó su foco de atención, en pleno espejismo de bonanza, de las desigualdades económicas y sociales que siempre han centrado la lucha socialista, a una nueva agenda marcada por los derechos culturales y las reivindicaciones identitarias – una tendencia tributaria del multiculturalismo sajón que, en España tomó un sesgo territorial y lingüístico y se concretó, entre otras cosas, en la oleada de reformas estatutarias.

En este terreno, la superación de la alianza con el catalanismo y de sus implicaciones no puede ser un elemento aislado, sino el punto de partida de un balance más amplio y un riguroso “derecho de inventario”, por usar la expresión de Lionel Jospin, sobre la evolución del proyecto político socialista en los últimos años. Se trata de motivar una apuesta por la renovación democrática que dé credibilidad a una agenda crítica y reformista centrada en un modelo de Estado, de ciudadanía y de democracia republicana. Es decir, firmemente comprometida con los valores universales de igual libertad y de solidaridad entre todos los ciudadanos; laica e intransigente ante los integrismos de la identidad, ya sean éstos de inspiración religiosa, cultural, lingüística o nacionalista; e inflexible en la defensa del Pacto Constitucional, la ley y las instituciones como emanación de la voluntad democrática y garantía de los derechos y libertades públicas. Éste es un componente necesario de cualquier discurso socialista y democrático creíble. Está, indudablemente, incompleto sin una declinación económica y social que haga efectivos, y sostenibles, los principios de igual libertad e iguales derechos que laten en el núcleo de la ciudadanía republicana. Pero resulta imprescindible para que las propuestas económicas y las medidas contra la crisis o corrupción, la reforma institucional o del sistema financiero prendan como elementos de un proyecto global coherente e inclusivo. Un proyecto abierto a toda la sociedad y no tan sólo a una parte, capaz de reconciliar con la política, con la izquierda reformista y con la propia democracia a una sociedad fragilizada por la crisis, agotada por la falta de perspectivas políticas y horizontes ideológicos creíbles, y desengañada por unas élites políticas cada vez más desconectadas de la realidad social, que oscilan permanentemente –no sólo en Cataluña sino también en el resto de España—entre el populismo, la agitación de conflictos menores o imaginarios y el corporativismo para esconder una incapacidad preocupante a la hora de abordar los graves problemas que se plantean a una sociedad y una ciudadanía cada vez más complejas.

VII. Hacia una reconstrucción del socialismo en Cataluña y en España

La deriva soberanista del catalanismo orgánico, que resultó incuestionable a partir de la Diada de 2012 y se ha confirmado, pese al revés electoral sufrido por la fracción convergente, tras las elecciones anticipadas del 25-N, dibuja un nuevo escenario político en Cataluña y en todo el país, y añade un nuevo factor de inestabilidad a la ya compleja situación política, económica y social de España. Se trata de un proceso de radicalización que reacciona contra el lento declive del catalanismo, y que arrastra a todas las fuerzas políticas situadas dentro de su perímetro – incluido el Partit dels Socialistes de Catalunya. Esta radicalización altera buena parte de los equilibrios institucionales que han presidido el despliegue de la democracia española, y en particular afecta a la alianza establecida durante la transición entre el socialismo y el catalanismo socialmente más avanzado. La acentuación de los perfiles más reaccionarios, más excluyentes y más populistas del catalanismo, su apuesta por la confrontación identitaria entre catalanes y su completa desvinculación de cualquier proyecto de convivencia entre diferentes, en Cataluña y en España, están en el origen de la crisis abierta en el espacio socialista catalán, desgarrado entre unas bases electorales y sociológicas identitariamente plurales, vinculadas al movimiento socialista español y a los valores universales que articulan la izquierda democrática; y unas élites sometidas al diktat catalanista y sensibles, por tanto, a la dinámica de autopreservación y confrontación social que el nacionalismo hegemónico ha acelerado en los últimos tiempos.

En este contexto, la divergencia entre socialismo y catalanismo resulta inevitable, y obliga a las fuerzas y movimientos progresistas en Cataluña a recomponer el espacio socialista catalán, hasta ahora prácticamente monopolizado por un PSC en proceso de desintegración electoral. Una recomposición de la izquierda universalista y reformista en Cataluña que sólo puede hacerse en el marco de una renovación más amplia del proyecto político socialista en todo el país, y que debería extenderse a las izquierdas reformistas de toda Europa. Pero que, en cualquier caso, obliga al conjunto del socialismo español a revisar críticamente su propia evolución y a acometer, también a nivel nacional, una reconstrucción del discurso socialista que devuelva los valores de ciudadanía, igualdad y justicia social al centro de su proyecto político; que se sacuda las inercias adquiridas, que identifique con claridad a sus adversarios, entre los que hoy se cuenta el catalanismo junto con cualquier otro integrismo de la identidad, y que permita, así, reconciliar a una sociedad en crisis con la promesa emancipadora de la política, la democracia y la izquierda.

Notas:

1- Estado descentralizado, defensa de la pluralidad lingüística y cultural de España, reconocimiento y promoción de la lengua y la cultura catalanas, sistemáticamente ignoradas o reprimidas por el régimen franquista.

2- Véase el estudio “Regional Governance Matters: A Study on Regional Variation in Quality of Government within the EU” (WP 01/2012), de la DG de Políticas Regionales de la Comisión Europea, que sitúa a Cataluña en la cola de las regiones españolas en lo que a calidad democrática se refiere.

3- Perceptible, por ejemplo, en el limitado apoyo a los Estatutos y la escasa participación habitual en las elecciones autonómicas, comparadas con las legislativas.

4- Lema electoral de Convergència i Unió.

5- El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), dependiente de la Generalitat, estimaba hasta 72 escaños para CiU, lo que supone 22 escaños más de los que finalmente obtuvo.

6- Con la salvedad de 1980; pero los equilibrios de fuerzas, la orientación de los partidos y la situación en Cataluña y España no eran en absoluto comparables.

7- De acuerdo con el CIS, a comienzos de 2003 el aumento del autogobierno y la reforma estatutaria sólo preocupaba al 3,9% de los catalanes.

8- La abstención fue mayoritaria y apenas el 35% de los ciudadanos catalanes se pronunciaron a favor en el referéndum, un descenso sensible respecto a los que apoyaron el Estatuto anterior en 1979 y muy considerable respecto a los que apoyaron la Constitución en 1978.

9- Por ejemplo, Josep Ramoneda, en “Cataluña cambia de escenario”, El País, 12/09/2012.

10- Raimon Obiols, primer secretario del PSC, exigía en 1994 el bilingüismo en la enseñanza y “el derecho de los padres de cada alumno a elegir, en los primeros pasos de la enseñanza, la lengua que desean para su hijo” (El Periódico de Cataluña, 13/10/1994).

11- Declaraciones de Rocío Martínez-Sampere, actual secretaria de Educación del PSC, en reacción a la sentencia del TSJC a favor de los padres que exigieron la escolarización también en castellano para sus hijos (Europa Press, 10/04/2013).

12- Desde 1999, fecha de su mejor resultado electoral autonómico, el PSC ha perdido votos y escaños en cada una de las convocatorias. Entre 2003 y 2012, su base electoral se ha reducido a menos de la mitad (14,23% de los votos en las últimas elecciones).

(*) Juan Antonio Cordero es autor del libro “Socialdemocracia republicana”

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