Isidro Carpio (*) en La Voz de Bcn: El modelo de Transición

   ISIDRO                                    ‘Todo esto se hace sin explicar que la Ley para la Reforma Política fue aprobada, no sin tensiones, por las Cortes Generales y sometida a referendo el 15 de diciembre de 1976, siendo refrendada por un 94,45% de los votantes, lo que da toda legitimidad democrática al proceso de transición política. Es esta fecha, y no otra, la que da el pistoletazo de salida a la transición real’.

Ha nacido, o está naciendo, una idea política promocionada por la izquierda ácrata que evidencia incomprensión y signos revanchistas al modelo de la Transición, ya que para ellos esta no fue otra cosa que la ejecución del mandato póstumo del dictador. Por ello los participantes en la misma vician el proceso constituyente al no haber preconizado una ruptura total. A mi entender, estos no estuvieron presentes en la negociación por su escasa representatividad, como demostraron las elecciones generales de 1977.

Los partidos y los líderes políticos que fueron los actores activos para el advenimiento de nuestra Constitución actualmente son demonizados y tratados como viles traidores con las clases populares por ser, según ellos, obedientes al mandato del dictador y a las fuerzas extranjeras representadas en este país por sus servicios de inteligencia.

Este tipo de afirmaciones las escuchamos hace unos días en Barcelona en la presentación del libro Claves de la transición 1973-1986 (para adultos), cuya intervención corrió a cargo del propio autor, Alfredo Grimaldos, estando acompañado por su editor, Manuel Fernández Cuesta, de Ediciones Península.

Lo curioso es que el autor del libro explicó en su intervención que el libro está dirigido a la juventud, para que conozcan la “verdadera Transición”. Sin embargo, en la portada del libro, junto al título, se puede leer entre paréntesis: (solo para adultos). Dos afirmaciones de las que discrepo. Una, la Transición no comienza en 1973, ni acaba en 1986, y por lo que se ve no es un libro para adultos, sino para la juventud. Otro que se empeña en adoctrinar a nuestros jóvenes creando su propio catecismo, en este caso laico.

Todo esto se hace sin explicar que la Ley para la Reforma Política fue aprobada, no sin tensiones, por las Cortes Generales y sometida a referendo el 15 de diciembre de 1976, siendo refrendada por un 94,45% de los votantes, lo que da toda legitimidad democrática al proceso de transición política. Es esta fecha, y no otra, la que da el pistoletazo de salida a la transición real.

Al igual sucede con la legitimidad de los miembros de la comisión de los trabajos para el proyecto de Constitución, elegidos por voluntad popular en las elecciones del 15 junio del 1977, donde la participación de la ciudadanía, libre y voluntariamente en las mismas, supero el 78% del censo con derecho a voto.

Los argumentos esenciales de esta política oportunista están basados en la abolición de la monarquía y la recuperación de la república, a la que se renunció con la Constitución de 1978. Ley que permitió, por otro lado, dejar atrás un sistema dictatorial pasando a un Estado democrático, social y de derecho, que se rige por la fórmula de la monarquía parlamentaria, recogida en dicho texto.

Esta cuestión, la monarquía, como la indivisibilidad de España, fueron dos temas que generaron grandes discusiones políticas, hasta el punto que miembros de la izquierda abandonaron los trabajos de la ponencia constitucional. Finalmente, se impuso el acuerdo por la generosidad de la izquierda parlamentaria al renunciar a sus postulados máximos y optar por la política realista, pues era eso o nada. Lo que impidió volver al punto de retorno, que en definitiva era lo que pretendía la derecha más contumaz, pues en el fondo estos habían vivido bien bajo el poder del dictador y estaban dispuestos a continuar.

Con el planteamiento republicano podríamos estar de acuerdo más del 50% de los españoles y no por el hecho de las presuntas corruptelas en las que incurren determinados miembros de la Casa Real o por la vida más o menos frívola y licenciosa de la Corona, que hoy es utilizada por algunos como excusa de la reivindicación republicana; tampoco por la creencia estúpida de que este sistema ahorraría dinero al Estado, sino por propio planteamiento político e ideológico a favor del restablecimiento de la república que fue atropellado por un golpe militar, y por entender que es la mejor forma de gobierno.

Otro argumento, la corrupción y el malestar existente con las políticas económicas que están acabando con el Estado de bienestar, llevadas a cabo por un gobierno llenos de tics antidemocráticos. Malestar que también comparto y que he denunciado en muchas ocasiones. Pero cuando estos grupos de izquierda radical u otros movimientos como el 15M manifiestan su indignación han de tener en cuenta que esta está basada en la pérdida de determinadas cotas del Estado del bienestar: sanidad, enseñanza, ley de dependencia, rebaja de salarios y pensiones y empleo.

Si esto es así, se está reconociendo implícitamente la bondad de 36 años de convivencia pacífica, basados en la Constitución. Un texto que tildan incluso de ilegal, como hizo el pasado día 21 de mayo el propio Grimaldos, por haber sido negociada por las fuerzas políticas que se vendieron, según él, a los representantes postreros del franquismo. Se olvida mencionar que posteriormente el proyecto de Ley Constitucional, fue refrendada por el pueblo español y respaldada por un 88,54% de los votos emitidos, en el referendo de 1978.

Es decir, están reconociendo que hubo una transformación radical en España. Que en un momento dado y cuyos protagonistas fundamentales fueron los gobiernos del PSOE, alcanzando el Estado del bienestar social. Su indignación está referenciada a la pérdida de este Estado del bienestar, por las políticas neoliberales del Gobierno actual del PP. Es lo que se intenta parar en estos momentos.

Por tanto, aparte de errores cometidos, no se puede decir despectivamente que todos los partidos son iguales. Hay partidos que construyeron el Estado del bienestar y hay otros que lo dinamitan, haciendo desaparecer la clase media, sustentadora de los puestos de trabajo, y generan que los pobres cada día sean más pobres y los ricos cada día más poderosos. No creo yo que la estrategia política de la izquierda, aunque esta no sea parlamentaria, pase por desprestigiar a las instituciones y a nuestro sistema político. A no ser que se pretenda ser de derechas.

(*) Isidro Carpio García es vicepresidente de Ágora Socialista

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