La solución a los problemas de España no puede venir de una penitencia constante de su población, mediante el rezo y el cilicio del paro, de la precariedad laboral, de los desahucios… que nos redima de nuestros pretendidos pecados putativos y despierte así la compasión de la Señora providencia, otrora sumisa de los postulados de la R.D.A, como recientemente hemos sabido…
Asistimos a una demostración palmaria por parte del Gobierno del Sr. Rajoy de cómo tienen la pretensión, de que no acometiendo de cara los problemas que van apareciendo, tenderán a su solución por mera disolución temporal. Pues bien, con independencia de la cobardía que con ello se rezuma, resulta una forma nefasta de gestionar la cosa pública cuyos efectos siente la población.
Si gestionas algo propio con la liberalidad del cachaza, eso es cosa tuya, pero la cosa pública no admite tanta negligencia, a no ser que te hayas creído que España te pertenece. La gente quiere soluciones a los problemas que les afectan, pues en definitiva los ciudadanos eligen a sus representantes para que, desde el espíritu social plasmado en la Constitución, hagan frente a los avatares de una sociedad siempre viva y cambiante.
Las promesas sobran, y más aún cuando éstas se incumplen de manera sistemática. Los ciudadanos ya no están, o no estamos, para que se nos pidan confianza y menos aún esperanza sobre la venida de unas soluciones que hacen del presente y del futuro la incertidumbre como forma de vida. La solución a los problemas de España no puede venir de una penitencia constante de su población, mediante el rezo y el cilicio del paro, de la precariedad laboral, de los desahucios… que nos redima de nuestros pretendidos pecados putativos y despierte así la compasión de la Señora providencia, otrora sumisa de los postulados de la R.D.A, como recientemente hemos sabido.
Sin embargo, parece ser que estas son las recetas que aporta el Gobierno sin rumbo del Sr. Rajoy, confiando a sus vestales que intercedan ante vírgenes y santos, mientras tanto los problemas duermen en los cajones de las mesas de sus versallescos despachos.
Cuando la impotencia, la falta de criterio y la incapacidad manifiesta es reconocida por el propio Gobierno, según las palabras del Ministro Margallo, ”En esta crisis no sabemos cuál es la solución y lo que es peor, reconocemos el posible error en la aplicación de las medidas adoptadas”, no les cabe otra solución, que armarse de valor y no prolongar más la agonía de estas políticas, sédenlas, denles una muerte digna. A continuación retírense, España se merece un mejor Gobierno.
Está claro, que en España no solo tenemos el problema de la Recesión Económica, si no que al albur de ésta, han aparecido nuevamente los “sentimientos nacionalistas”, manipulados tanto por el gobierno de la Generalitat, que los utiliza como cortina de humo para tapar su inoperancia así como los problemas de corrupción que acucian a sus mentores, como por los partidos independentistas, que juegan con los sentimientos para obtener momentáneamente un avance electoral, en una victoria pírrica.
En nombre del nacionalismo y de un fuerte sentido de la propiedad de lo colectivo, se está tensando la cuerda en las relaciones Gobierno de España-Comunidad Autónoma Catalana, verbi gratia de una política de provocación hacia España en la que se deja traslucir la ausencia del fundamento requerido por todo Estado descentralizado, la lealtad federal, con el fin de conseguir un “Estat propi”.
La dialéctica de determinados gobernantes catalanes, está basada en eslóganes, que parten del “España nos roba”, hasta el más actual “somos una Nación, nosotros decidimos” u otra, “no acataremos las resolución del Tribunal Constitucional”. Este repertorio, basado en la provocación, se hace cada vez más insoportable. Pero aquí no pasa nada.
Si a estos eslóganes, le añadimos hechos reales, como fue la manifestación que se realizó el 10 de Julio de 2010, en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional, que declaraba varios artículos inconstitucionales del Estatuto de 2006, bajo el eslogan ya comentado de “SOM UNA NACIÓ, NOSALTRES DECIDIM “, nos da una idea de la deslealtad del gobierno de la Generalitat y de los que forman el Partido Único Catalán -PUC-.
Este, es posiblemente el acto más grave cometido por responsables de las Instituciones del Estado en Catalunya, que bien podrían haber sido consideradas como un acto de insumisión ó como mínimo un acto de desacato y de rebeldía al más alto tribunal de la Nación. Pero aquí no pasa nada.
Estas esperpénticas manifestaciones de “odio” a todo lo que signifique español, le debemos añadir la proliferación de la declaración de Independencia en algunos Ayuntamientos, donde es curioso observar como en algunos de ellos el Gobierno municipal está formado por CiU y el Partido Popular. En estas corporaciones locales, se exhibe únicamente la bandera Estelada en la fachada de sus edificios públicos, o en parques y jardines. Pero aquí no pasa nada.
Por otro lado, es cierto, que en los últimos días las declaraciones institucionales del Parlament de Catalunya, sobre el “Derecho a Decidir”, han sido paralizadas cautelarmente por el Constitucional, pero no es menos cierto, que el Gobierno de España mantiene en una ambigüedad incomprensible, como botón de muestra, la falta de posicionamiento político ante el hecho de que el actual Conseller de Interior de la Generalitat de Catalunya, se haya pronunciado a favor sobre la pretensión de crear un Ejército propio de Catalunya antes de la Independencia. Pero aquí no pasa nada.
Estos independistas, son los mismos que hasta hace poco, se pronunciaban contra el mantenimiento de del Ejército Español, desdeñaban la OTAN, se declaraban pacifistas y querían una España o mejor dicho una Catalunya a la Suiza, sin saber, claro está, que Suiza es un país fuertemente militarizado. Ahora quieren un Estado propio con su Ejército y todo. También algunos de ellos, son los mismos que no hace tanto tiempo, negociaban con ETA, para que estos no atentaran en suelo catalán. Y son los mismos que no hace mucho, se ceñían con coronas de espinas en Jerusalén, en un claro desprecio y mofa a determinadas confesiones religiosas.
Si a esta situación le añadimos, el hecho de que el Partido del Gobierno esté sometido a un proceso Penal por Corrupción, basado en la obtención de ingresos ilícitos para la financiación del mismo, que a su vez, también sirvió para dar sobresueldos a sus dirigentes mientras ostentaban cargos públicos, con el agravante de que estas dadivas fueron amasadas como consecuencia de concesiones de Obra Pública.
Si se acabara por demostrar, lo aquí dicho en sede Judicial, con sentencias condenatorias, desde el punto de vista de la legalidad, siendo su conexión o vínculo una organización política ¿no cabría la toma de iniciativas por parte del Fiscal General, si previamente no se mata a Montesquieu, para la disolución del mismo y la persecución de las responsabilidades penales de los actores responsables? Esto sin duda produciría la catarsis por muchos deseada, que nos llevaría a la dimisión en pleno del Gobierno, y a la convocatoria de Elecciones Generales, así como a un nuevo proceso Constituyente. Pero aquí no pasa nada
De todas formas estaremos muy atentos cuando oigamos referencias al Estado de Derecho o al imperio de la Ley, hay que estar prestos, pues por lo que se ve, no todos entendemos lo mismo, mientras para unos, es el marco legal que garantiza la convivencia, y da un trato justo al rico y al pobre. Para otros, parece ser, que este se puede negociar en cada momento, en función de si el ilícito lo comete una Administración del Estado, una formación política, un financiero poderoso, o un dadivoso empresario. Lo cual resquebraja y enfrenta a unas administraciones contra otras, sitúa a los ciudadanos en la más cruel indefensión, y discrimina a las personas en función de su status, acentuando las desigualdades. Esta situación nos hace recordar la poesía de Francisco de Quevedo, “Poderoso caballero es Don dinero” pues es quien hace iguales al rico y al pordiosero.
Isidro Carpio es Vicepresidente de Ágora Socialista.
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