Pacto sí; para derogar las leyes injustas

Algunos entendemos que el tiempo de los pactos ha pasado. Un pacto de Estado como el que pretende algunos, sería viable, si se iniciara frente a un papel en blanco y se fuera rellenando con las legítimas propuestas de las partes; que recogieran los verdaderos intereses y necesidades de la ciudadanía, representados o no por los partidos políticos, así como por los agentes sindicales, económicos y sociales: todos con la misma representatividad y en igualdad de condiciones.

Víctor Arrogante en Diario Progresista> 6/5/2013 

  Cualquier tipo de pacto requiere: voluntad de llegar a un acuerdo, en defensa de legítimos intereses contrapuestos; buena fe negocial, conscientes de que algunos de los postulados quedarán sobre la mesa para mejor ocasión; margen de maniobra, con propuestas negociables prioritarias o no; y ser conscientes de que algunas propuestas de la parte contraria, se conseguirán por el mero hecho de pactar. Un pacto hoy, no sería para conseguir, sino para no seguir perdiendo.

Se conoce que los sindicatos y parte de la oposición parlamentaria, están haciendo un llamamiento al gobierno para que pacte. También el rey está intentando que el gobierno y el principal partido de la oposición lleguen a un acuerdo. El gobierno, diciendo lo contrario, está haciendo todo para evitarlo. No se pone en duda la buena fe y las razones de todos por el pacto, pero no es altruista, cada uno juega para si.

Algunos proclaman la necesidad de unos «Pactos de la Moncloa», segunda versión. Aquellos pactos fueron posibles por las circunstancias excepcionales que concurrían, que no son las de hoy, pese al desastre nacional actual, provocado por las políticas neoliberales del gobierno, con el desmantelamiento del Estado social y la eliminación de derechos. Objetivamente son otras circunstancias históricas, sociales, económicas, y políticas.

En 1977, España estaba inmersa en una crisis económica dramática. La justificación de los «Pactos», venía dada por la gravedad de la situación, aumentada por la crisis del petróleo de 1973; caracterizada por una persistente y aguda tasa de inflación (47%); un desarrollo insatisfactorio de la producción, con una fuerte caída de las inversiones, que generaba unas elevadas cifras de paro (tasa del 7% que afectaba a 900.000 personas); y un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero (el 66% de la energía era importada). «Estos desequilibrios de la economía española se producen en un contexto económico internacional en el que todavía no han aparecido signos duraderos de recuperación económica», decía el documento. Salíamos de una dictadura, el pueblo había aprobado en referéndum su voluntad de cambio, y se habían celebrado las primeras elecciones generales después de la oscura noche de cuarenta años para las libertades. La situación era propicia para comenzar la andadura democrática con un gran «consenso» político.

Tanto los representantes del Gobierno de Adolfo Suárez, como los de los diversos partidos políticos con representación parlamentaria -Felipe González, Santiago Carrillo, Enrique Tierno Galván, Joan Raventós, Josep Maria Triginer, Manuel Fraga, Juan Ajuriaguerra, Miguel Roca y Leopoldo Calvo-Sotelo-, manifestaron su unánime preocupación y su deseo de afrontar y resolver constructivamente los problemas en un clima de cooperación responsable que contribuyera «a la consolidación de la democracia». Para ello, convinieron llevar a cabo dos grupos de acciones: «las dirigidas a equilibrar la economía con actuaciones a corto plazo y las encaminadas a la realización de importantes reformas que encaucen la economía y la sociedad española hacia un futuro de libertad y progreso». Apuntemos lo que se decía: consolidación de la democracia y encauzar la economía hacia un futuro de libertad y progreso. Nada tienen que ver aquellos objetivos, con los que priman en la actualidad.

El gobierno no está por la labor de un pacto, si  no es para legitimar su política o, en su caso, consolidar su posición hasta las próximas elecciones generales. Tiene claro el objetivo de su política: destruir el Estado social. En estos momentos en los que la corrupción acecha al PP, con el caso Bárcenas y la implicación de todos los tesoreros que han gestionado sus cuentas, no sería extraño que propusieran un pacto anticorrupción, para mostrar a la opinión pública, su voluntad de atajar esas delictivas prácticas; todo para salvar su responsabilidad política, incluso penal.

El interés de la oposición para el pacto «excepcional contra el paro», no se entiende, sino es para mostrar su supuesta fuerza y capacidad política, para obligar al gobierno a pactar. Ante la situación de descrédito de la clase política (se aprecia como el tercer problema, tras el paro y la economía, según el CIS), todo parece que se hace con la boca pequeña, ante la convicción de que un pacto no es posible; pero mostrando a la ciudadanía, que su única voluntad es la defensa de los intereses generales. Pedir pacto, para descubrir la verdadera voluntad del gobierno y salvar la cara.

Los sindicatos mayoritarios, a la vez que denuncian «el fracaso rotundo de las políticas de ajuste que están imponiendo las instituciones europeas y los gobiernos de los países de la UE», reclaman un pacto nacional que saque a España de la recesión. Exigen además un cambio de rumbo radical en las políticas económicas y sociales, pidiendo un pacto y diálogo social. Estratégicamente, el pacto y el diálogo son buenas armas, cuando es limitada la capacidad de fuerza real en la calle y en la convocatoria de huelgas generales o sectoriales. Se sabe que el pacto no es posible con este gobierno, sino es cediendo y aceptando la política antisocial, como hechos consumados. Y contra la injusticia, no cabe pacto, sino contestación.

El Rey ha mostrado su deseo de propiciar «pactos, acuerdos y consensos» entre las instituciones, para afrontar el dramático panorama económico de España. El rey quiere dar por cerrada la crisis que amenaza a la monarquía y pretende jugar un papel parecido al que protagonizó durante la «Transición». Para el rey, como siempre ha demostrado, salvar la monarquía está por encima de todos los demás intereses. En estos momentos en los que la ciudadanía sanciona a la monarquía con un suspenso (un 3,68 en una escala de 10 según el CIS), mostrarse como árbitro y moderador ante la ciudadanía, alejado de las «luchas partidistas», le daría un prestigio, que ya no tiene, perdido por sus actividades oscuras y poco dignas, para seguir en el trono y continuar con el trágala monárquico.

Algunos entendemos que el tiempo de los pactos ha pasado. Un pacto de Estado como el que pretende algunos, sería viable, si se iniciara frente a un papel en blanco y se fuera rellenando con las legítimas propuestas de las partes; que recogieran los verdaderos intereses y necesidades de la ciudadanía, representados o no por los partidos políticos, así como por los agentes sindicales, económicos y sociales: todos con la misma representatividad y en igualdad de condiciones. No hay un clamor en España para que todos juntos encontremos una salida urgente a la situación. Si a caso, un clamor para que Rajoy dimita; y en eso se deberían dedicar todas las fuerzas. Pero el Sistema le protege.

Cuando un edificio se tambalea, precisa o derribo o reforma integral de su estructura. Un pacto de Estado hoy, pasa ineludiblemente por la dimisión del gobierno y la convocatoria de elecciones generales constituyentes: reformar la Constitución; referéndum sobre el modelo político; equiparar los derechos sociales con los derechos fundamentales, blindados con las mismas garantías, contra la destrucción del Estado social; reforma del estado de las autonomías, hacia el Estado federal; modelar un estado auténticamente laico, con la separación real y efectiva con cualquier iglesia o confesión religiosa; así como cambiar el procedimiento electoral, que equipare la representación parlamentaria a los votos directos obtenidos.

Ya no es posible un pacto. Cualquiera que fuera, vendría a legitimar las políticas injustas del gobierno y el modelo que está implantando. Un pacto solo es aceptable, si conlleva la derogación de todas las normas que el gobierno de Rajoy ha implantado, abusando de su mayoría absoluta. Un pacto debe restituir los derechos sociales y laborales eliminados y hacer posible que los servicios públicos esenciales que ha privatizado, vuelvan a ser públicos y al único servicio de la ciudadanía.

Anuncios