Iniciamos aquí la presentación de nuestra próxima conferencia con la publicación de un artículo que, pese a haber sido escrito hace más de dos años, nos sirve para centrar la conferencia que organizamos conjuntamente con Alternativa Ciudadana Progresista, y el pensamiento del conferenciante, Antonio Piazuelo (Zaragoza, 1947). Toda una vida dedicada a la cosa pública, es Ingeniero técnico industrial, miembro del comité federal del PSOE durante 11 años, ha sido diputado en el Congreso, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zaragoza, diputado provincial y diputado autonómico en la primera legislatura y entre 1999 y 2011.
“Algo mucho peor que un crimen: un imperdonable error”. Talleyrand al recibir la noticia de la ejecución del joven duque de Enghien por orden de Napoleón»
Está claro que Charles Maurice de Talleyrand fue un perfecto cínico y que su currículo no es el mejor ejemplo para los jóvenes que aspiran a servir a su país desde la política, pero apenas caben dudas sobre su extremada inteligencia y su perspicacia para analizar la realidad desde el punto de vista de los intereses de su país, al que sirvió bajo distintos regímenes y mandatarios. En estos tiempos, que no son de guillotina fácil y ejecuciones sumarias, los errores de un responsable político, a la larga, pueden acabar haciendo más daño a los ciudadanos a los que pretende servir que otras decisiones moralmente más reprobables. En cosas así pensaba hace unos días a propósito de la manifestación convocada por el presidente de la Generalitat, José Montilla, contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Y acabé reconociendo con tristeza pero sin demasiada sorpresa que, si estuviera empadronado en Catalunya, no podría votar al compañero Montilla en las próximas elecciones.
No le votaría, ya digo, con tristeza. Mi larga militancia socialista y el hecho de no haber votado nunca por otra opción que el PSOE hacen innecesario que me extienda en ello. Pero esa decisión tampoco me causaría sorpresa porque la deriva que sigue el PSC desde hace tiempo (incluso con anterioridad al liderato de Maragall) se aleja extraordinariamente de las líneas políticas que marcan los estatutos del Partido Socialista. Me viene a la memoria lo que dijo un dirigente durante el Congreso de Unificación PSC-PSOE, en 1978: “Estos polvos traerán lodos muy difíciles de fraguar”. Más de treinta años después, la sentencia ha resultado sencillamente profética.
La manifestación del 10 de julio, en Barcelona es la mejor prueba de ello: parece difícil encontrar una representación mejor de la terrible confusión a la que ha llegado el PSC, desde el difuso y sedicente catalanismo inicial hasta sus actuales posiciones, en las que se hace arduo establecer las diferencias que le separan del soberanismo que defienden ERC y, cada día con más claridad, CIU. Entre apelaciones demagógicas a las supuestas ofensas que el Tribunal Constitucional ha inferido a los catalanes y movimientos más o menos subterráneos para forzar al Gobierno español a sortear los límites marcados por el alto tribunal, el president Montilla justifica la manifestación porque, afirma, la sentencia recorta las competencias y las posibilidades de autogobierno de la Generalitat. Un argumento que se ve inmediata y ampliamente superado por el lema de la convocatoria (bien explícito por mucho que Montilla eludiera comparecer tras él para la foto): Somos una nación. Nosotros decidimos.
La verdad es que una lectura atenta de lo que dice el TC en su sentencia no justifica ni por asomo la primera de las razones, los presuntos recortes de competencias y las trabas al autogobierno. Lo que fija el Constitucional son tres límites perfectamente claros: 1. El catalán no puede tener ninguna clase de prioridad sobre el castellano en Catalunya. 2. La Justicia, lo mismo que en todos los países federales, tiene un componente de Estado, lo que no anula la posibilidad de gestionar de manera autónoma su administración desde la Comunidad Autónoma. 3. El concepto de nación, aplicado a una Comunidad, no puede ser entendido de manera distinta a como entiende la Constitución Española el concepto de nacionalidad.
Vistas así las cosas, no parece que el TC haya recortado tan gravemente ningún camino hacia la profundización en el autogobierno, ni las competencias de las que disfruta la Generalitat. Sin embargo, la sentencia sí que cierra el camino a lo que se expresa en el lema de la manifestación y que, en ningún caso, aparece en el Estatut que refrendaron los catalanes: el derecho a decidir como consecuencia de una idea de nación que no respalda la Constitución, ni la española ni la de ningún otro país por muy federal que éste sea. De este modo, hinchando artificialmente los presuntos agravios, se pretende colar por la gatera un hipotético derecho cuyo aroma soberanista, y aun independentista, resulta inocultable, y que ya fue rechazado, no por el TC sino por el Parlamento Español, cuando éste último se opuso a la toma en consideración del Plan Ibarretxe. Claro que aquella intentona estuvo protagonizada por un lehendakari nacionalista y perteneciente al sector más radicalmente soberanista del PNV, y ésta la encabeza un ciudadano que preside el Gobierno catalán porque iba al frente de las listas del PSC-PSOE (obvio es recordar que la última E significa “español”) y que fue ¡¡ministro del Gobierno de España!! hace apenas unos pocos años.
Como diputado en las Cortes Constituyentes tuve la suerte de conocer a fondo el Título VIII de la Constitución de la mano de dirigentes tan ilustres como Miquel Roca, Gregorio Peces-Barba, Jordi Solé-Tura, Manuel Fraga o Gabriel Cisneros, e incluso leyendo al andalucista José Aumente, y lo que aprendí de todos ellos fue que España podía desarrollarse y prosperar mucho más a través del Estado de las Autonomías, nunca que esa fórmula pudiera servir para dar respaldo a proyectos independentistas. Ése fue el debate del Título VIII, y no ningún otro.
Pero, volviendo al principio de este artículo, y más allá de esa taimada y reprobable manera de introducir de rondón un debate sobre el soberanismo que no se planteó durante la reforma del Estatut, lo peor de la actitud que han adoptado Montilla y la cúpula del PSC es que se trata de un formidable error. Un error que tiene claros beneficiarios. Por un lado, el PP, que se queda a solas con la defensa de la nación española en Catalunya mientras los socialistas dejan huérfanos a muchísimos votantes de izquierda que ni de lejos se plantean ni se han planteado nunca posturas nacionalistas, y mucho menos soberanistas. Y, por otro, ERC y CIU. Atizando el victimismo de la forma demagógica que se está haciendo, en casi perfecta sincronía con los nacionalistas, es posible que se fomente un cierto voto de ciudadanos cabreados (o emprenyats, como se prefiera) contra esa España a la que se hace responsable de ofender y vilipendiar a los catalanes y de negarles sus “legítimos” derechos. Y es posible que muchos de ellos tiren por la calle de en medio y apuesten por los partidos que “defienden” a Catalunya contra la España-madrastra. Sí, es posible, pero debería saber el president Montilla que, llegados a ese punto, esos ciudadanos preferirán votar a los nacionalistas con pedigrí, a los de toda la vida, en lugar de votar a quienes de forma oportunista y contradiciendo sus posiciones históricas adoptan las de los otros por el sencillo sistema de ponerse al frente de la procesión. De la manifestación, en este caso. Un error que pagarán los socialistas catalanes y, sin duda, los socialistas españoles, pero que pagarán sobre todo los ciudadanos de esa comunidad con la pérdida de un referente que ha sido vital en su historia política.
A tiempo está de evitarlo el compañero president. Sigo pensando que es un político honesto, preparado, eficaz y eficiente, por lo que le supongo capaz de reflexionar y concluir que se ha equivocado. Mientras eso no suceda, yo… si viviera en Catalunya, no le votaría.
Antonio Joaquín Piazuelo/Julio, 2010
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