Víctor Andrés Maldonado en La Voz de Bcn: Las tribulaciones del PSC

… en términos relativos, por cada voto que se gana en Lérida y en Gerona al subir el ingrediente catalanista, se pierden cuatro en el Barcelonés y el Bajo Llobregat (46% de todo el voto). Por lo tanto, lo que propone el sector catalanista del PSC parece un negocio de dudosa rentabilidad… 

‘Es comprensible la frustración del sector catalanista pues la comparación entre 2003 (justo antes del desplazamiento del sector catalanista de la cúpula del PSC) y 2012 es catastrófica: pérdida del 50% del electorado, en particular teniendo en cuenta el sensible aumento de la participación ciudadana en éstas últimas (del 69,6% en comparación con un promedio del 60,5% en todas la elecciones autonómicas anteriores). La lectura del sector catalanista es consecuente: tenemos que reforzar ese rasgo del partido, pues, desde que se redujo su importancia (después de Maragall), vamos de mal en peor’.

Con motivo de la votación de la declaración de soberanía celebrada el pasado 23 de enero en el Parlamento autonómico de Cataluña, los ciudadanos hemos asistido atónitos a un nuevo capítulo de las tensiones internas del PSC. Como todos conocemos, el grupo parlamentario socialista, por mayoría de sus componentes, decidió votar en contra de la propuesta de declaración acordada entre CiU, ERC y ICV-EUiA. El principal motivo de dicha decisión fue que “la declaración desfigura la consulta porque prefigura el resultado”, según palabras de Pere Navarro.

Efectivamente, no podría ser de otro modo, ya que al declarar que ‘el pueblo de Cataluña tiene carácter de sujeto político y jurídico soberano’, amén de estar claramente en contradicción con lo dispuesto en la Constitución, se está dando por hecho que la mayoría de los ciudadanos de Cataluña votaría afirmativamente en una consulta por la independencia, pues eso es lo que significa (al menos en términos jurídicos) esa parte de la declaración.

El voto en contra del PSC es consecuente con el programa político con el que se presentó a las pasadas elecciones del 25 de noviembre en donde se incluía el ‘derecho a decidir’ en el marco de la legalidad, a la vez que propugnaba un Estado federal. Es decir, el PSC estaba a favor de una consulta sobre el futuro político de Cataluña (dentro de la legalidad), pero no en el sentido de la secesión, como propugnan CiU y ERC (y, al parecer, una parte de ICV-EUiA), sino en el de la creación de un Estado federal. Ya es sorprendente de por sí que un partido defienda una consulta planteando una alternativa (Estado federal) diferente e incompatible con la propugnada por sus promotores (la independencia), pero todos comprendimos que ésta fue la única manera de evitar la ruptura del PSC.

Sin embargo, cinco diputados del sector catalanista del partido, en una particular manera de entender la democracia, no acataron la decisión mayoritaria del grupo parlamentario y se negaron a votar en contra de la declaración, sobre la base de argumentos un tanto difíciles de comprender: primero, que el PSC es plural, de vocación mayoritaria desde el catalanismo integrador y social y, segundo, que votar junto al PP y Ciudadanos significaba apoyar una política de frentismos. Esta argumentación no se tiene en pie.

Primero, porque no hace un análisis de las bondades y defectos de la propuesta sometida a votación (que es lo que debería corresponder a una discusión parlamentaria). Segundo, porque implícitamente supone hacer una equivalencia entre catalanismo y derecho de autodeterminación hacia la independencia, conceptos que deberían ser diferentes, puesto que siendo integrador debería ser contrario a la secesión que ha provocado una fractura en la sociedad catalana. Y, tercero, porque refleja un prejuicio, el de no ser confundidos con los que no comulgan con la fe más o menos nacionalista. Por esa regla de tres, el PSC debería preguntar al PP y a Ciudadanos qué es lo que van a votar en el futuro en este tipo de discusiones parlamentarias para no caer en el error del frentismo, a pesar de que el frente nacionalista ha sido el primero en constituirse. En cualquier caso, el desacato les ha salido barato a los disidentes (400 euros de multa), además de haber tenido eco en muchos municipios catalanes, particularmente fuera de la provincia de Barcelona.

Pero, en el fondo, lo que esto denota es una falta de claridad y firmeza en las propias convicciones. Efectivamente, el partido lleva ya bastantes años practicando un equilibrismo político intentando contentar sus dos almas: la socialista (obrera) y la catalanista. Como es bien sabido, el grueso de los votantes del PSC provienen de Barcelona capital y de su cinturón industrial donde se concentra (particularmente en este último) el caladero de votos obreristas: alrededor del 46% de todos los votos que obtuvo el PSC en las tres últimas elecciones catalanas se concentraron en dos comarcas, el Barcelonés y el Bajo Llobregat.

Por el contrario, y hasta hace sólo algunos años (desde la elección de José Montilla como secretario general), la dirección del partido pertenecía en su gran mayoría al sector catalanista. En teoría, todo parecía funcionar bien hasta que Pasqual Maragall lanzó su idea de redactar un nuevo Estatuto de cara a las elecciones autonómicas de 2003, para sorpresa incluso de CiU que se vio desbordada por su flanco nacionalista por un partido que se decía hermano del PSOE. Todos conocemos lo que siguió después: un tripartito presidido por Maragall, un segundo tripartito presidido por Montilla y la aprobación en referendo del nuevo Estatuto con una participación del 48,85%, lo que habría invalidado su ratificación por el electorado en otros países de nuestro entorno europeo donde se exige un mínimo del 50%.

Esta falta de claridad en el mensaje, tratando siempre de dar satisfacción a ambos sectores, ha provocado una vertiginosa reducción en el voto desde 2003. De hecho, el PSC es el único partido político en Cataluña que ha sufrido un descenso de votos prolongado en la última década. En las elecciones autonómicas desde 1980 hasta 2003, el PSC obtuvo 824.000 votos de promedio (con un pico de poco más de un millón de votos en 2003), el 28% del total de promedio (con un pico del 31,2% en 2003). En cambio, en las tres últimas elecciones al Parlamento autonómico (2006, 2010 y 2012) obtuvo un promedio de 628.000 votos (que fueron sólo de 523.000 en las celebradas en 2012), el 19,8% del total de promedio (que fue sólo del 14,4% en 2012).

Analizando estas cifras, es comprensible la frustración del sector catalanista pues la comparación entre 2003 (justo antes del desplazamiento del sector catalanista de la cúpula del PSC) y 2012 es catastrófica: pérdida del 50% del electorado, en particular teniendo en cuenta el sensible aumento de la participación ciudadana en éstas últimas (del 69,6% en comparación con un promedio del 60,5% en todas la elecciones autonómicas anteriores). La lectura del sector catalanista es consecuente: tenemos que reforzar ese rasgo del partido, pues, desde que se redujo su importancia (después de Maragall), vamos de mal en peor.

Pero, no tan deprisa. Vamos a analizar también las resultados de las elecciones generales en Cataluña para poder comprender mejor la situación. Para hacer la comparación homogénea, tomemos los datos desde 1979 hasta 2004: el PSC obtuvo alrededor de 1.296.000 votos de promedio (con un pico de 1.579.000 votos en 2004), alrededor del 37,5% del total de promedio (con un pico del 39,5% en 2004). Por otro lado, en 2008, obtuvo 1.674.000 votos (45,4% del total); y en 2011, obtuvo 920.000 votos (26,6% del total). En términos de participación de los ciudadanos de Cataluña en las elecciones generales, el promedio fue del 71,9%.

Creo que las cifras son claras y confirman lo que muchos intuían desde hace tiempo: hay una parte del electorado catalán que se abstiene en las elecciones autonómicas, pero que vota socialista en las elecciones generales. En el período desde las primeras elecciones democráticas en España hasta 2004, podríamos estar hablando de alrededor de 500.000 votos (alrededor del 10% de los votantes, que coincide aproximadamente con el promedio de la diferencia de la participación electoral). Esta situación podría haber empeorado sensiblemente en los últimos años pudiendo alcanzar hasta entre 700.000 y 800.000 votos (diferencia de los promedios entre los resultados electorales después de 2003), alrededor del 17% de los votantes. Sin embargo, este aumento podría deberse también en parte al efecto Zapatero, como parece indicar la comparación entre las elecciones catalanas de 2012 (523.000 votos, un 14,4% del total) y las generales de 2011 (920.000 votos, un 26,6% del total).

Esta diferencia sistemática de al menos 500.000 votos (10% del total del electorado) no puede ser explicada, a mi entender, más que desde la óptica de una cierta alergia que el catalanismo confeso del PSC produce en una parte de su electorado tradicional. Precisamente, este hecho parece haber sido corroborado en las últimas elecciones autonómicas (a la vista del nivel de participación en las mismas, más en concordancia con unas elecciones generales): parte de este electorado ha optado por votar por otras opciones (en particular por Ciudadanos).

Pero la cuestión no acaba aquí, pues, inicialmente, el dilema entre más o menos catalanismo no es un problema fácil de resolver en términos de estrategia electoral, ya que cuanto más cerca de Barcelona los electores parecen primar más a la componente socialista y menos a la catalanista y viceversa (sobre todo en Lérida y Gerona). Sin embargo, es importante recordar que en las últimas elecciones autonómicas (2006, 2010 y 2012) el voto socialista se ha concentrado en un 80% en Barcelona (con sólo el 9% en Tarragona, el 7% en Gerona y el 4% en Lérida). Es decir, en términos relativos, por cada voto que se gana en Lérida y en Gerona al subir el ingrediente catalanista, se pierden cuatro en el Barcelonés y el Bajo Llobregat (46% de todo el voto). Por lo tanto, lo que propone el sector catalanista del PSC parece un negocio de dudosa rentabilidad.

Otro elemento a tener en cuenta es el hecho que en procesos de ruptura dentro de la sociedad (en este caso provocado por el nacionalismo de CiU y ERC), suele ocurrir que la gente acaba tomando posición en favor de una u otra opción y los ambiguos que quieren contentar a las dos se quedan fuera de juego. Además, el PSC ha jugado a la ambiguedad intentando conjugar dos enfoques diferentes: principios políticos racionales (ciudadanía y derechos individuales) y principios políticos sentimentales (nación, derechos colectivos e históricos). No se puede jugar a dos bandas, pues son incompatibles entre sí por mucho que los disidentes traten de encontrar una fórmula mágica en el catalanismo integrador y social, como bien apunta el PSE (Partido Socialista de Euskadi) en una ponencia que se ha discutido en su congreso, donde los socialistas vascos reivindican ‘el derecho a la libre identidad individual frente a la construcción nacional y frente al derecho a decidir colectivo’.

Lo mismo podríamos decir de otros partidos socialistas europeos como el francés y su correspondiente en Italia donde se propugna claramente la existencia de un Estado que permita poner en práctica el principio de redistribución de la riqueza entre ciudadanos como núcleo fundamental de un partido de izquierda. En efecto, en el contexto de los países desarrollados, sólo en España se produce el hecho que los partidos de izquierda otorguen a los partidos nacionalistas un cierto barniz progresista.

Lo más triste de todo es que a veces uno tiene la impresión que la prioridad del sector catalanista del PSC es preservar sus actuales puestos (Lérida y Gerona) y colocarse en posición ventajosa (tener un pedigrí catalanista) de cara a una descontada independencia. No sirve posponer la decisión sobre la base de un período de reflexión donde se reunirán diferentes foros intentando llegar a una síntesis entre los dos enfoques. Ante la ruptura de la legalidad, sólo cabe el Estado de derecho, sin estridencias pero sin dudas. Este es el principio fundamental sobre el que se basa la Unión Europea (UE). De no ser así, Cataluña corre el riesgo de colocarse fuera de la UE, no por motivos jurídicos (la independencia supondría su salida de la UE por no formar parte de ninguno de los estados firmantes del Tratado de Lisboa), sino por socavar un pilar cuyos cimientos van mucho más allá: el respeto de la ley y de las sentencias de los tribunales de justicia, es decir, el respeto del Estado de derecho. No queda tiempo, hay que decidirse, si no los votantes lo harán en su lugar.

Víctor Andrés Maldonado es economista y experto en relaciones internacionales

 

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