No seré yo quien diga aquello que pronunció el Alcalde Pedro Pacheco: “la justicia es un cachondeo”, pero de lo que sí estoy seguro es de que el ciudadano de a pie, tiene la sensación de que todo el mundo no es igual ante la Justicia, y esto es mala cosa.
Si por un lado, es palpable en la sociedad el descrédito de los políticos, ahora sólo faltaba que esta idea cundiera sobre el ámbito Judicial. De todas formas, la Justicia ya está tocada, ya sea por el trato general que se dispensa al ciudadano corriente o por casos como el del Presidente del Consejo del Poder Judicial, Sr. Dívar, amén de algunos otros que resultan de difícil digestión social como sucede en varios procesos interminables o sentencia indulgentes contra poderosos, ya sean empresarios, banqueros políticos o terroristas.
Sería lamentable que volviéramos a aquella situación de injusticia que se ensañaba con delincuentes de poca monta, convenientemente expuestos en el candelero público, como fuera el caso del Lute, mientras aquella miraba a otro lado en asuntos como el del aceite de Redondela. Sin embargo, esto parece que se está dando con la misericordiosa rehabilitación que nuestros juzgados y tribunales dan a los poderosos en casos de corrupción, de apropiación indebida, de financiación ilícita, etc., En fin, casos de poca monta que suponen costos de millones al Estado o a los socios minoritarios de una entidad Bancaria, por decir algo.
La injusticia pues ha calado desde la politiquilla que impera en nuestro Sistema. Supongo yo que cuando algunos políticos, dicen poner la mano en el fuego, sobre algunos de sus correligionarios y verborrean con manifestaciones del sentido “si está implicado yo dimito” supongo que lo hacen desde la ignorancia, o bien teniendo conocimiento, pretenden con sus gestos, a priori muy dignos, desviar la atención de cuanto ocurre en la realidad, cuando no hacerse la victima de no se que conjuro o conspiración.
Sin embargo, esa misma clase política es muy dada, al igual que en ambientes judiciales, a ponerse muy digna y manifestar su sed de justicia para con el vulgar delincuente solicitando sentencias ejemplarizantes, y si hace falta pues cambian la letra de los códigos penales como manifestación de su voluntad de vaciar sus fuerzas en pro de la intolerancia con el delito, con algunos delitos, claro está. Sobre todo con aquellos que les permita manipular los sufrimientos de los demás, para traducirlos en votos. Da igual que esos delitos no supongan ningún problema y poseamos, además, un Código penal que los prevea suficientemente y los castigue más duramente en comparación con la legislación criminal de los países de nuestro entorno. Da igual, con estos, impera una política criminal de mano dura, que va muy bien en términos de réditos políticos. Aunque estos ilícitos ya están contemplados en los códigos Penales.
Estas reflexiones me surgen al paso de la actualidad del denominado “Caso Pallerols” que es portada en los diarios, y que ha venido a terminar en una condena por conformidad contra determinados cargos públicos de Unión Democrática de Catalunya, socio permanente de Convergencia, por la maquinación efectuada hace más de 16 años para apropiarse de las subvenciones destinada a cursos de formación. Según parece, está probado que Fidel Pallerols recibió 8,5 Millones para la formación del personal de sus empresas provenientes de Fondos Europeos, y que le concedió el entonces Consejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, el Sr. Ignasi Farreres, de Unió Democrática. A partir de lo cual se sobredimensionó el número de Alumnos de los cursos o se inventaron cursos que no existieron a fin de que el Sr. Farreres obtuviera unos 600.000 € que compartiría con los responsables de Unió bajo la conformidad de la secretaria de Organización de UDC, Sra. Gavaldá.
Pues bien, por acuerdo entre el fiscal y los abogados de los seis imputados y con la aquiescencia del Tribunal que debía juzgar esos hechos, de la petición inicial del Fiscal de prisión de 11 años y las oportunas multas económicas, se ha quedado en que los imputados no tendrán que ir a la cárcel y se salvará todo ello con una indemnización de 380.000 €, en lugar de los 800.000.
Me pregunto si este mercadeo, es la forma de combatir la corrupción. Tampoco nos olvidemos que además del enriquecimiento de unos particulares está la financiación ilegal de un Partido y para mayores señas democristiano.
Ante esta situación, en su día el dirigente de UDC, Sr. Durán i Lleida, -si este que se arropa con las lujosas sábanas del Ritz de Madrid a costa del erario público- o el que insulta a los andaluces llamándolos vagos, manifestó: “que si alguien de los suyos era condenado, el dimitiría de sus cargos”. Parece que esta sería mucha renuncia pues la sentencia ya es firme y él da la callada por respuesta. Supongo que estará preocupado en ver qué cargos les tocan a los suyos en el nueva Administración o cómo recupera su crédito en Madrid tras el fuera de juego en el que le ha metido Mas.
Sr. Durán, le esperamos, mientras lo consulta con la plumífera almohada y se decide, como también esperamos al Sr. Mas, para que se explique en este caso y en otros más actuales que salpican a Convergència Democràtica de Catalunya. Mientras tanto cuenta con el apoyo de ERC en sede parlamentaria para impedir sus comparecencias en el Parlament ante las graves acusaciones de financiación ilegal de su Partido, caso Palau, con embargo de la sede de su partido.
Pues bien, mientas esperamos unos tribunales y un sistema que ataje esa corrupción y no pástelee las resoluciones o evite indultos incomprensibles políticamente antes del “derecho a decir”, tenemos el “derecho a saber”, para así tomar una decisión en conciencia sobre ciertos gestores de lo público que parece son muy dados a meter la mano en el bolsillo de todos nosotros.
En Cataluña se está jugando una partida, en la que está en juego algo más que una trasgresión al Estado de Derecho como es “el Derecho a Decidir”.
(*) Isidro Carpio, socio de ÁGORA SOCIALISTA, ha sido Primer Secretario de la Federación Socialista del Vallés Oriental y de la Agrupación de Mollet así como Primer Tte. de Alcalde de dicha localidad, Diputado Provincial y miembro de la Mesa del Consell Nacional del PSC-PSOE.
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