Catalunya 2013. Más tensiones, más estado y menos bienestar

La libertad de las personas y los pueblos está regida por normas. Sólo el que tiene la potencia económica y militar suficiente puede pretender la aplicación unilateral de su libertad. Y, como enseña la historia, normalmente con efectos desastrosos para los que se creen capaces de imponer su visión del mundo. Sólo los grandes imperios pueden hacerlo transitoriamente, y Catalunya está lejos de ser un imperio económico y militar.

Francesc Moreno en El Debat> 1/1/2013       

La legislatura que comienza va a ser corta y, lo que es peor, con objetivos confusos y contrarios a las necesidades de los catalanes.

Va a ser corta porque el propio programa de gobierno firmado por CiU y ERC ha puesto 2014 como fecha de caducidad. Y eso en el supuesto, muy incierto, de que el gobierno aguante hasta esa fecha. Ello implica que se va a gobernar con criterios meramente tácticos y electoralistas.

Pero lo peor es que el programa de gobierno se ha fijado objetivos confusos en lo político y erróneos en lo económico. Esta elección equivocada de objetivos y prioridades profundizará la crisis económica, ya que aumentará la ya notable desconfianza de inversores y mercados hacia España en general y Catalunya muy en particular. No hace falta ser un experto para entender que la mejor manera de paliar los efectos de la crisis no consiste en aumentar impuestos, hacer crecer el gasto publico burocrático y, en cambio, disminuir el gasto social mediante recortes y privatizaciones.

Una consulta confusa como fin en si misma

En Catalunya, el programa de gobierno tiene como elemento nuclear la celebración de una consulta no amparada por la legislación vigente y con una pregunta confusa y que depende de terceros para poder hacerse realidad.

Supongamos que se celebra la consulta sin autorización del Estado, como ha dicho Homs recientemente. La participación, con la previsible llamada a la abstención de, al menos, PSC, PP y C’s, no llegaría al 50% del censo electoral. No se trata de tener una bola de cristal, sino simplemente de analizar los resultados de las ultimas elecciones autonómicas.

Supongamos también que el ‘sí’ obtiene el 95% de los votos emitidos. En el mejor de los casos para sus partidarios, el ‘sí’ obtendría entre un 40 y un 45 por ciento del censo.

¿Para hacer qué? Según las declaraciones de Mas, para crear un estado propio en el seno de la UE. Nadie sabe qué es un estado propio. No lo digo yo, sino Duran i Lleida. Ni tampoco, en el caso de que se interprete como un estado independiente, ese estado estaría en la UE, según han declarado reiteradamente los responsables comunitarios.

Resumiendo, el mejor escenario para los nacionalistas sería un voto favorable en la consulta, en ningún caso superior al 45% del censo, para unos objetivos o indeterminados o incompatibles con el ordenamiento jurídico de la UE, a la que se dice se quiere pertenecer. Además, claro está, de la confrontación con el Estado y de la división entre los catalanes.

Pensar en la autorización del Estado es una quimera. Pero no por razones económicas, como se afirma frecuentemente desde Catalunya. Cada vez son más los que desde fuera de Catalunya consideran que la independencia de Catalunya sería favorable a los intereses de otras regiones, especialmente Madrid.

Para ilustrar la anterior afirmación no me referiré a los efectos macroeconómicos de un supuesto de segregación –hay numerosos informes–, sino a los efectos concretos sobre los ciudadanos, ya sean empresarios o trabajadores. Un ejemplo vivido personalmente: a amigos con distribuidoras para la península de empresas de todo tipo ya les han anunciado que, en caso de segregación, se quedarían sólo con la distribución para Catalunya. O sea, más negocio para Madrid, más paro y menos PIB para Catalunya. A otros con empresas cuyo volumen de negocio es superior en el resto de España que en Catalunya se les planteará un problema parecido.¿Perder el 80% del mercado o cambiar de domicilio? Por no hablar del impacto en entidades financieras o grandes empresas de servicios públicos como Gas Natural-Fenosa. Catalunya no representa más, ni menos, que en torno al 19% del PIB español. O sea que, se mire como se mire, solo las empresas sin mercados en España y en la UE se podrían ver beneficiadas por la independencia, al disminuir la competencia de empresas no catalanas en nuestro territorio. La segregación genera problemas económicos para toda España, pero más para Catalunya.

El problema económico no es, por tanto, el determinante para la oposición radical de cualquier gobierno español o comunitario a un proceso segregacionista, aunque sea tan confuso como el catalán. Los problemas insalvables son políticos.

Romper las fronteras internas de la UE, calificadas frívolamente como anacrónicas por Artur Mas, implica la implosión de la UE y del estado español.

No por el efecto directo de Catalunya, sino por el efecto dominó. Si alguien tenía dudas, los chicos de ERC ya organizan manifestaciones independentistas en Baleares y reivindican ufanamente los “Països Catalans”. Pero el efecto contagio no se limita a la península, tiene una larga lista de candidatos en casi todos los países de la UE.

Y acabar con España y con Europa no es ni una tarea fácil, ni, para mí, deseable. El escenario, tarde o temprano, es la confrontación. Y además, en una etapa económica difícil para Europa, España y Catalunya, y ante una creciente globalización del mundo.

La libertad de las personas y los pueblos está regida por normas. Sólo el que tiene la potencia económica y militar suficiente puede pretender la aplicación unilateral de su libertad. Y, como enseña la historia, normalmente con efectos desastrosos para los que se creen capaces de imponer su visión del mundo. Sólo los grandes imperios pueden hacerlo transitoriamente, y Catalunya está lejos de ser un imperio económico y militar.

Por tanto, el escenario al que nos lleva Artur Mas es el de la inestabilidad permanente, el conflicto constante. Y si triunfase, el aislamiento. ¿Es eso lo que necesita Catalunya?

La pregunta siguiente es ¿vale la pena correr riesgos de difícil evaluación, pero que pueden llegar a ser dramáticos, para conseguir una independencia que si realmente pudiera obtenerse en el seno europeo no sería tal? ¿Vale la pena ser un estado independiente pequeño, con gran concentración del poder, con una gasto publico desbocado, empresas en retroceso, con la sociedad fragmentada y aislado del mundo?

Francamente, quizás para alguna dinastía familiar y para los que vivan en torno al poder, sí. Para el resto de catalanes, no.

Porque por mucha gesticulación victimista, la realidad es que Catalunya no es una sociedad oprimida. Más catalán en nuestras instituciones es imposible. El déficit fiscal puede ser excesivo, pero es inferior al de otras regiones españolas. En cualquier caso, ¿vale la pena todo lo que está en juego para que lo que dejásemos de pagar por no pertenecer a España lo perdiéramos por la caída del PIB y el aumento de gastos que ello comportaría?

Pero es que además el proceso no es serio. Si se quiere la independencia hay que presentarse a las elecciones con un programa claro, cosa que CiU no ha hecho. Hay que explicar las consecuencias de las decisiones que se van a tomar y no intoxicar a la población vendiendo un paraíso inexistente. Hay que esperar a ver qué piensan los ciudadanos antes de empezar a andar. Y hay que hacer una pregunta clara. Justo lo contrario que en el caso catalán.

La razón de la confusión es simple. Una decisión táctica tomada para ganar unas elecciones, la consulta, se transforma en estratégica debido a la huida hacia adelante de quien ha fracasado en su apuesta. El problema no es de Madrid. La patata caliente la tenemos los catalanes, los que lo denunciamos y los que se creen los delirios de quienes nos gobiernan. Y entre todos deberíamos buscar la solución.

Un programa económico antisocial e inadecuado para salir de la crisis

Pero mientras vivimos en la burbuja de la consulta la realidad diaria es cruel. No sólo por culpa del gobierno catalán, evidentemente. Pero desde aquí todas las decisiones que se toman son inadecuadas. Más impuestos para unas clases medias ya muy castigadas por la crisis. Más estructuras de estado que generarán más gasto público, y unos recortes que, inexorablemente, recaerán sobre el estado del bienestar, ya que nadie se plantea ni reducir la administración pública –en realidad se plantea justo lo contrario– ni hacer un plan de choque contra el paro a base de medidas de apoyo al empresario contratador, ni reducir subvenciones.

Pero eso al gobierno no le preocupa. Contra peor vayan las cosas, más victimismo y, piensan ellos, más posibilidades de sobrevivir a base de vender confrontación y viajes a lo desconocido. Desde los medios públicos y privados ya se encargarán de vendernos su versión de la realidad. Pero el viaje es largo y la realidad, dura. Y me consta que también en el interior de la federación gobernante hay muchas personas sensatas dispuestas a evitar que Catalunya acabe en un callejón sin salida.

Sin una Espanya democrática y una UE fuerte, Catalunya carece de viabilidad política como sujeto político, se llame comunidad autónoma, estado federal o estado independiente. Por ello, el proceso escogido por Mas no puede más que fracasar. Y cuanto antes lo haga, menores serán los costes y antes podremos ocuparnos de afrontar la realidad.

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